Siria: ¿insurrección o ajuste de cuentas?

Por Ulises Canales*

El Cairo (PL) Urgida de apertura y reformas, Siria encara una convulsión política y social en la que innegables expresiones de

insatisfacción popular languidecen en la misma proporción que la

oposición se revela más violenta y dependiente del exterior.

A nadie escapa el hecho de que las protestas iniciadas el 15 de marzo contra el gobierno del presidente Bashar Al-Assad reivindicaron la necesidad de transformaciones democráticas, pluralismo político y transparencia en la gestión pública, por solo citar tres grandes retos.

Las propias autoridades sirias tampoco obviaron el complejo

escenario étnico-social del país, donde convive una mayoría árabe (85 por ciento) con poblaciones kurdas (nueve por ciento), armenias, turcas y refugiados palestinos.

En el terreno confesional, datos oficiales indican que el 74 por ciento de los sirios es musulmán sunnita, el 16 es druso y alawita (de la cual es Al-Assad), y el restante 10 por ciento es cristiano ortodoxo, católico o armenio.

Sin embargo, la corrupción criticada al gobierno y las viejas

disputas entre grupos étnicos por mayores derechos políticos son una minúscula parte de una insurrección presentada como extensión de la llamada Primavera Árabe en el norte de África y Medio Oriente.

Al-Assad anunció un programa integral de reformas que en el plano político incluyó la promulgación de decretos con leyes de partidos, de elecciones generales, de administración local, de los nuevos medios de información y del derecho de manifestación pacífica, entre otros.

También abolió el estado de emergencia vigente desde 1963 y que supuestamente era la principal demanda al inicio de las protestas, propició un diálogo nacional, dispuso mejorar las condiciones de vida de la población y concedió ciudadanía y más derechos a los kurdos.

El 16 de octubre, el gobierno sirio anunció que para febrero de 2012 el país contará con una nueva Constitución, en la cual se

consignarán la pluralidad política, la libertad de prensa y otros

reclamos emanados de las sesiones de diálogo a nivel nacional.

Pero Damasco sigue siendo una piedra en el zapato de Occidente, en particular de Estados Unidos y Francia, que han visto abortados numerosos complots, maniobras subversivas y campañas mediáticas hostiles, primero contra Hafez Al-Assad y luego contra su hijo Bashar.

A finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, la

Hermandad Musulmana siria -que ahora regenta desde Gran Bretaña un llamado Observatorio de los Derechos Humanos- protagonizó un efímero motín contra el gobierno en Hama, coordinado y alentado en Londres.

Los kurdos también han sido utilizados en varios momentos de los últimos 50 años para apuntalar un macabro juego estadounidense-europeo contra Siria, aprovechando los reclamos de ciudadanía, derechos políticos, educacionales y sociales de esa minoría marginada.

A juzgar por los contactos en tiempos recientes de las autoridades francesas y estadounidenses con las sirias, parecía que a Damasco se le había perdonado su “herejía”, aunque tal aproximación siempre tuvo como trasfondo a Irán y los movimientos árabes de resistencia contra Israel.

El gobierno de Al-Assad estableció relaciones diplomáticas con el Líbano en 2008 y recompuso los nexos enturbiados por maniobras de sectores antisirios en Beirut, París y Washington.

Vale acotar que a la Francia de Nicolás Sarkozy le era

indispensable “rehabilitar” a Siria para dar verdadero sentido al

publicitado proyecto de Unión por el Mediterráneo, ahora en punto

muerto.

Pero la aparente normalización no impidió que el grupo palestino Hamas mantuviera en Damasco a su buró político y que Hizbulah posea un sólido nexo con Siria, por encima de avatares políticos derivados de la presencia militar de ese país durante 29 años en el Líbano.

Estratégicamente ubicada en Medio Oriente, Siria es el principal aliado árabe de la República Islámica y, por razones obvias, está alineada al “eje del mal”, al que las citadas potencias mundiales reiteradamente aluden en sus campañas hostiles contra Teherán.

Pero son muchos los que creen que los sucesos de Siria son, en parte, una suerte de venganza o revancha de Occidente por el fiasco en los intentos por sembrar discordias entre Damasco y Beirut, sobre todo después de la tensión entre ambos por varios acontecimientos en 2005.

La Casa Blanca y el Eliseo intentaron endilgar a los gobernantes sirios el atentado de Beirut que costó la vida al exprimer ministro Rafiq Hariri el 14 de febrero de 2005, y lo usaron como pretexto para acelerar a través de la ONU la salida de las tropas del Líbano.

Aún así, en ciertos círculos resultó disonante escuchar en

septiembre de 2010 al entonces primer ministro Saad Hariri, hijo del finado exmandatario, pedir disculpas al gobierno sirio por haberlo responsabilizado del crimen, a partir de criterios políticos.

En una entrevista al periódico saudita publicado en Londres Asharq Al-Awsat, Hariri comentó que la imputación “fue una acusación política, y aquella acusación política se terminó”.

Documentos de centros estadounidenses como Brookings

Institution corroboran que norteamericanos y europeos no han

escatimado recursos monetarios y diplomáticos para desestabilizar a Siria, y en ese empeño involucran a vecinos como Turquía y algunos países de la Liga Árabe.

Con la organización panárabe, Siria tiene relaciones

históricamente difíciles, sobre todo después de objetar el aval que la liga dio en marzo de este año a la ONU para que la OTAN agrediera Libia, y reprobar la valoración de su secretario general sobre la crisis siria.

A raíz de las acusaciones estadounidenses a Irán por un supuesto complot para asesinar a un diplomático saudita en Washington, el representante sirio ante la Liga Árabe, Youssef Al-Ahmad, aclaró que su país “no es parte” de las condenas de la organización contra Teherán.

El más reciente episodio de ese accidentado vínculo fue el llamado hecho el 16 de octubre por los cancilleres árabes a una conferencia de diálogo nacional, acción sobre la que Al-Ahmad expuso sus reservas y cuestionó el liderazgo de Catar y otros países del Golfo Pérsico.

En otro orden, a los paquetes de sanciones económicas contra el gobierno y varios de sus funcionarios, se unió el suministro de armas a la oposición y la campaña mediática para sobredimensionar la situación de las personas que huyeron de los lugares de enfrentamientos.

Turquía, que aspira a ingresar en la Unión Europea en 2012, ha hecho muy bien los deberes y, además de una retórica pseudoimperial contra Al-Assad, acogió a la heterogénea oposición que formalizó a inicios de octubre en Estambul el denominado Consejo Nacional Sirio (CNS).

El CNS es la prueba de que la oposición a Al-Assad está muy

dividida, carente de liderazgo y objetivos comunes, más allá de

derrocar al gobierno.

Uno de los sectores más numerosos en el Consejo es el islamista, con la Hermandad Musulmana a la cabeza, seguido de nacionalistas kurdos, miembros de partidos de izquierda e independientes.

Pero mientras el CNS actúa desde el exterior, otros opositores en el país critican su apoyo a una intervención extranjera al estilo de Libia, las rivalidades sectarias y generacionales, y la indefinición sobre el papel de la religión en una hipotética Siria post Al-Assad.

No obstante, la ya gastada práctica de las sanciones económicas se acentuó como vía para alzar la moral de la oposición y, sobre todo, debilitar y desmantelar al gobierno, el Estado y la sociedad, a pesar de los pasos emprendidos a favor de las reformas.

En recientes declaraciones, el ministro sirio de Información,

Adnan Hassan Mahmoud, opinó que las medidas punitivas “reflejan el fracaso y la frustración experimentada por la Unión Europea por no haber conseguido sus objetivos sobre el terreno”.

Mahmoud recordó que Washington impuso sanciones a Siria cuando se opuso a la invasión estadounidense en Irak y al proyecto del nuevo Medio Oriente que promovió para conseguir reacomodos políticos en la región, afines a sus intereses.

Dentro del esquema occidental, de nada vale la respuesta del

gobierno sirio a las demandas legítimas de quienes se manifestaron de forma pacífica desde marzo, ciudadanos que las autoridades distinguen de los opositores violentos a los que tildan de terroristas armados.

Las evidentes concesiones de Al-Assad no riñen, sin embargo, con la determinación del Ejército y las fuerzas de seguridad de seguir combatiendo “con firmeza” las acciones de sectores infiltrados en las protestas pacíficas, los cuales disparan contra civiles y militares.

“El Estado se compromete a continuar con toda su fuerza el proceso de reforma integral â�� y a esforzarse por proporcionar todos los requisitos de la seguridad y la estabilidad nacionales, además de rechazar todas las formas de injerencia externa”, sentenció Mahmoud.

Lo anterior ratificó que, a la par de combatir la corrupción

estatal y algunas fallas en materia de derechos humanos, el gobierno sirio se enfrenta a un enemigo externo soliviantado por no poder sancionarle en la ONU, en virtud del veto de China y Rusia a una resolución.

Y la conclusión más elemental lleva a constatar que, si bien el origen de la revuelta en Siria tiene elementos de autenticidad, no fue ni es una sublevación espontánea, sino un complot urdido, organizado y financiado desde el exterior, con un claro sabor a ajuste de cuentas.

* Corresponsal de Prensa Latina en Egipto.

em/ucl

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